Segunda condena en menos de un mes para una gestora de fincas de Ourense que se quedó con 9.275 euros de una comunidad de vecinos

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

La acusada, este lunes en la Audiencia Provincial
La acusada, este lunes en la Audiencia Provincial Santi M. Amil

La profesional hizo 18 transferencias desde la cuenta de los propietarios a una en la que ella era la titular

02 may 2024 . Actualizado a las 17:20 h.

Segunda condena en menos de un mes para una gestora de fincas de Ourense. Tras haber reconocido el pasado 8 de abril que se quedó con 22.000 euros de dos comunidades de vecinos de las que era administradora, la profesional acaba de recibir un nuevo reproche penal por una conducta similar que, en este caso, ella había negado.

El asunto se remontaba al primer semestre del año 2019. La acusada, P. D. P., era en aquellas fechas administradora de una comunidad de propietarios de la Avenida de Santiago, una condición que le permitía el acceso a la cuenta en la que los particulares ingresaban sus cuotas mensuales para hacer frente a los gastos comunes. Ahora ha quedado probado que aprovechándose de esa condición la profesional realizó 18 transferencias a una cuenta de la que ella era titular, integrando a su patrimonio nueve mil euros. A pesar de que para tapar su conducta ilegal hacía constar en las operaciones conceptos como «emergencias», «limpieza de canalones» o «revisión del tejado», la realidad es que nunca destinó el dinero a tales acciones.

Así lo sostiene la sentencia del Juzgado de lo Penal dos de Ourense, en la que se condena a la investigada a un año y nueve meses de cárcel como autora de un delito de apropiación indebida. A pesar de que en el juicio la acusada negó los cargos y dijo que mandaba el dinero de la cuenta común a la suya propia para luego hacer los abonos en mano, a la magistrada este argumento no le cuadra.

«Es obvio que la versión ofrecida por la acusada es totalmente absurda e inverosímil», dice la togada, que sostiene que muchos de los recibos de la comunidad ya estaban domiciliados, por lo que no tenía sentido que la gestora quisiera pagarlos ella misma. A mayores, tampoco la acusada entregó recibos que probasen su versión exculpatoria, por lo que el daño a los propietarios ha quedado probado. «La conclusión es clara en cuanto a la comisión por su parte del delito de apropiación que se le imputaba», dice la togada. La profesional deberá devolver a los afectados 9.275 euros más intereses.