Parece que las aguas en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en vez de bajar más calmadas de forma progresiva tras la salida de Luis Rubiales, han vuelto a agitarse, y nos encontramos ahora con que es el actual presidente interino, Pedro Rocha, el que se encuentra en el centro de la polémica debido a su paso de testigo a imputado en la operación Brody por el contrato de la Supercopa de Arabia Saudí y los contratos de Grunconsa, la empresa constructora encargada de remodelar La Cartuja.
Aunque Pedro Rocha está por el momento de forma interina en el cargo de presidente de la RFEF, y vamos a dejar un resquicio para la esperanza en la futura gestión de esta federación, la verdad es que parece bastante claro que algo debe cambiar en esta entidad de cara al futuro.
Me gustaría poner en relación toda esta problemática en la que lleva envuelta la RFEF desde hace muchos años con el conflicto reciente con la Superliga.
Recordemos que los últimos presidentes de la RFEF no acabaron precisamente bien (pongo entre paréntesis a Juan Luis Garrea, que apenas estuvo un año de forma provisional haciendo de puente entre Ángel María Villar y Luis Rubiales).
No es mi intención defender a unos o a otros, pero la realidad es que las federaciones deportivas ostentan un monopolio en su deporte que tiene su origen en el Congreso de Federaciones Internacionales celebrado en Lausana (1921), en el que se acuña, por primera vez el principio de monopolio de gestión y se pretende facilitar la intervención del poder del Estado en pro del referido interés público.
Los distintos países han incorporado este principio a su normativa y así ha sido hasta el día de hoy, por lo que las federaciones han ido ganando cada vez más poder con el incremento económico que ha venido teniendo el deporte, sobre todo desde finales del siglo XX hasta la actualidad.
Y aquí es donde entra el modelo de la Superliga y similares entidades privadas que pretenden hacer una gestión del deporte ajena al realizado por las federaciones, obviamente por motivos económicos, lo que no ha de sorprender a nadie.
Pero la cuestión final es esta: ¿cómo pretenden las federaciones, en este caso la RFEF, defender un modelo de gestión deportiva a base de escándalos económicos e investigaciones por corrupción? Por el momento, la fidelidad de la afición a sus equipos va sosteniendo la actividad federativa, pero llegará un momento que ni eso los mantenga, porque el aficionado será seducido por otras competiciones y verá cada vez con mayor rechazo la organización federativa.
El modelo federativo, como he mencionado antes, en origen pretendía defender el deporte como un interés público y lo lógico es que así debería seguir siendo; pero si quieren sobrevivir frente al empuje de nuevos modelos de gestión deportiva deberán hacer muchos cambios, y aun así no sé si llegarán a tiempo para competir en un mercado que está debilitando cada vez más su monopolio.