El Gobierno quiere facilitar con una nueva ley que los periodistas de investigación sean encarcelados
28 abr 2024 . Actualizado a las 00:15 h.Giorgia Meloni tiene un pecado original: el origen ultraderechista de su partido, Hermanos de Italia (HdI). Que la primera ministra italiana nunca haya querido romper del todo con este legado quedó claro cuando, pese a las múltiples críticas recibidas en este sentido antes de las últimas elecciones, celebradas en septiembre del 2022, decidió mantener en el escudo de HdI la llama tricolor, el símbolo del posfacista Movimiento Social Italiano en el que tiene sus raíces su fuerza política.
Más allá de estas reticencias identitarias, Meloni había conseguido mostrarse durante los 18 meses que lleva en el poder como una líder conservadora moderada, tranquilizando a quienes temían una deriva ultraderechista en Roma. Así era hasta que estas últimas semanas han comenzado a vérsele las costuras al Ejecutivo al encadenar una serie de decisiones que muestran su presunta voluntad por limitar la libertad de prensa. El intento más reciente y llamativo está contenido en el proyecto de ley sobre ciberseguridad que, en caso de ser aprobado en el Parlamento, donde cuenta con la mayoría la coalición que sostiene al Gobierno, castigará con penas de hasta tres años de cárcel a los periodistas que publiquen noticias transmitidas por fuentes que hayan cometido un delito al divulgarlas. No se discute por tanto la veracidad de la información, sino el modo en el que esta haya sido obtenida.
Con el razonamiento del Ejecutivo de Meloni, ejemplos de manual de periodismo de investigación como el Watergate, que propició la dimisión del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974, o el escándalo Wikileaks, con el que salieron a la luz en el 2010 los abusos cometidos por Estados Unidos en Irak, habrían acabado con un buen número de periodistas entre rejas. Precisamente a la cárcel es adonde podrían ir tres periodistas del diario Domani por publicar una información sobre el dinero cobrado por Guido Crosetto por asesorar a Leonardo, el coloso italiano de la industria armamentística, hasta poco antes de convertirse en ministro de Defensa del Gobierno liderado por Meloni.
Escocido por la noticia aparecida de Domani, que eso sí, no desmintió, confirmando así su veracidad, Crosetto acudió a la Justicia para que buscara a la fuente que proporcionó a los reporteros la información sobre sus ingresos. Así se supo que habría sido supuestamente entregada por un agente de la Guardia de Finanzas empleado en la Fiscalía Nacional Antimafia y que está siendo investigado.
Los tres periodistas que firmaron los artículos sobre Crosetto también están en el punto de mira de la Justicia y podrían caerles hasta 9 años de cárcel a cada uno por haber presuntamente pedido y recibido información reservada, publicándola en el periódico para el que trabajan. A los reporteros se les aplica una legislación general que se volvería mucho más precisa en caso de salir adelante el polémico proyecto de ley sobre la ciberseguridad.
«El poder ejecutivo pide al poder judicial que encuentre la fuente de un artículo incómodo. El poder judicial investiga al funcionario y a tres periodistas e incluso va más allá, al llevar la cuestión a la Comisión Parlamentaria Antimafia», relató Emiliano Fittipaldi, director de Domani, al que el pasado lunes le tocó comparecer ante la citada comisión para dar explicaciones a los legisladores que la componen. «En un país normal son los periodistas los que les hacen las preguntas a los políticos y no al revés. Considero que todo lo que está pasando no es digno de un país que pueda estar orgulloso del equilibrio de poderes y de la libertad de prensa», señaló Fittipaldi en un reciente encuentro con corresponsales extranjeros.
Son varias las asociaciones de reporteros que han mostrado su solidaridad con los colegas de Domani, que recuerdan cómo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tutela a los periodistas en su actividad profesional, de manera que no se les puede obligar a revelar una fuente aunque ésta haya cometido un delito al filtrar una información.
La RAI convertida en «Telemeloni»
Hay otros dos elementos que han contribuido a aumentar la preocupación sobre la degradación de la libertad de prensa en Italia. El primero es la censura sufrida por el escritor Antonio Scurati, autor de M, una exitosa biografía sobre Benito Mussolini, que con motivo del 25 de abril, fiesta de la liberación del nazifascismo, iba a leer un monólogo en la RAI, la televisión pública, sobre aquel período y las dificultades de Meloni para romper con ese legado de su partido.
Los dirigentes de la RAI, que están bajo el control de la política, justificaron que se cancelara la aparición de Scurati echándole la culpa a su elevado caché, aunque no tardó en salir a la luz un documento interno en el que se afirmaba que la decisión se había tomado por «motivos editoriales». Daban así un motivo más a quienes acusan a la RAI de haberse convertido en Telemeloni.
También contribuye a la inquietud sobre la situación de la libertad de prensa la posibilidad de que Agi, la segunda agencia de noticias de Italia, sea comprada por Antonio Angelucci, diputado de la ultraderechista Liga, uno de los partidos que forman parte de la coalición gubernamental, y que ya posee tres diarios: Il Giornale, Libero e Il Tempo, todos ellos alineados con el Ejecutivo. Agi es ahora mismo propiedad de Eni, el coloso energético controlado por el Ministerio de Economía, aunque ha gozado históricamente de una independencia informativa que podría estar en riesgo en caso de ser adquirida por Angelucci.