El Gobierno lleva a Galicia al Tribunal Constitucional por una posible invasión de competencias de costas
GALICIA
El conflicto procede de la última ley de acompañamiento de presupuestos, que limita a 15 años el plazo para actuar contra obras ilegales en zonas de protección del litoral
25 sep 2023 . Actualizado a las 21:02 h.El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos, al entender que pueden invadir competencias estatales en lo que se refiere a la gestión del litoral.
El conflicto se da porque la norma autonómica limita a 15 años del plazo para actuar contra edificaciones construidas ilegalmente en zonas protegidas (más específicamente en la zona de servidumbre de protección de costas). Ese cambio legal introducido por la Xunta reduciría el período que da la Ley de Costas estatal, por lo que podrían estar invadiéndose competencias de la Administración del Estado. El cambio abriría la puerta, además, a que puedan regularizarse numerosas edificaciones por todo el litoral gallego.
Moncloa y la Xunta negociaron sobre este desencuentro en el seno de la comisión bilateral de cooperación, pero no llegaron a acuerdo, de ahí que el Consejo de Ministros haya aprobado pedir al presidente del Gobierno que presente el recurso de inconstitucionalidad.
Menor protección que la ley estatal
En concreto, el Ejecutivo central llevará ante el Tribunal Constitucional los artículos 10, 11 y disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
El Gobierno entiende que las normas contenidas en el artículo 10 y el en apartado uno de la disposición suponen una «merma de la protección que establece la legislación del Estado, al limitar las facultades administrativas para restablecer la realidad alterada en los casos de comisión de infracciones dentro de la servidumbre de protección respecto al régimen de la Ley de Costas estatal».
Y es que el texto de la Xunta, que ahora recurrirá el Gobierno, incide en que «el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia para imponer la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y pérdidas causadas, en el caso de obras y actuaciones contrarias a lo dispuesto en la legislación en materia de costas realizadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá producirse dentro de un plazo de quince años, a contar desde la terminación de las obras o actuaciones contrarias a la legalidad».
Moncloa también recurre el artículo 11 y el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la ley de acompañamiento, al considerar que no responden al requisito de ser «normas adicionales de protección», considerándose dichos preceptos contrarios a la distribución de competencias que fija la Constitución.
La misma ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos ya fue llevada por los mismos motivos ante el Constitucional a petición de un juzgado de Pontevedra, que también ha solicitado que el alto tribunal aclare si invade competencias estatales.